6 oct 2012

Sindicatos y organizaciones sociales se manifiestan este domingo en 57 ciudades

La única bandera que yo voy a portar a partir de ahora en una manifestación es la republicana, y respeto a aquellos que no estén de acuerdo en que España debe ser una república.

Javier López y José Ricardo Martínez, secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, en el acto de presentación de la campaña de movilizaciones del 7 de octubre de 2012Los sindicatos y organizaciones sociales que conforman la Cumbre Social, entre ellos CC.OO., UGT, CSI-F y USO, acompañados de representantes de grupos políticos como PSOE o Izquierda Unida, saldrán este domingo a la calle en las 57 manifestaciones programadas a fin de expresar su rechazo a unos Presupuestos Generales del Estado ue tachan de "antisociales" y a unas medidas de recorte, que, a su parecer, "ahondan en la recesión económica".

Bajo el lema 'Quieren arruinar el país. Hay que impedirlo', los convocantes quieren que las calles de toda España se conviertan en un clamor contra los últimos ajustes del Gobierno, que denuncian "van a hundir aún más en la pobreza" a la población, así como para exigir una salida de la crisis que garantice la reactivación económica, la generación de empleo, la recuperación de la protección social y del "mermado" Estado del Bienestar.
Desde que se dieron a conocer los detalles precisos que recogen las cuentas públicas para el próximo año, se han atisbado múltiples reacciones entre diferentes colectivos exigiendo que estos PGE "tan dañinos" se rechacen en el debate parlamentario y el Gobierno presente otros al servicio de la ciudadanía y no de la banca.
Además, la Cumbre Social ha puesto en valor durante sus reuniones la necesidad "imprescindible" de que el Ejecutivo someta a referéndum de manera inmediata las medidas de ajuste que "se agravaría de manera excepcional con la petición del rescate".
Para la Cumbre Social, los Presupuestos Generales solo contemplan "recortes a la inversión, sacrifican los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo y renuncian a una política fiscal que, empezando por perseguir decididamente el fraude, permitiese incrementar los ingresos del Estado y evitar así una nueva reducción de los gastos sociales".
A las manifestaciones de mañana, que coincidirán con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, se han sumado ya organizaciones como CSI-F, USO, el Consejo General de la Juventud y Cáritas, entre otras, aunque hay que tener en cuenta que Cumbre Social la conforman ya 150 entidades sociales, entre las que se encuentran la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el Sindicato de Periodistas y la Cruz Roja.
Tras celebrar su tercer encuentro, la Cumbre Social confesó que no descarta ir a la huelga general para protestar contra las políticas del Gobierno. De momento, cada organización dispondrá de un plazo de tiempo para valorar esta posibilidad, con la idea de que el paro general, de convocarse, tenga un "profundo carácter social" y se celebre durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos.
El acto central de las protestas de mañana tendrá lugar en Madrid, a las 12.00 horas, con una manifestación entre la plaza de Legazpi y la estación de Atocha. En ella, estarán presentes los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, así como su homólogo en USO, Julio Salazar o el secretario de CSI-F, Miguel Borra.
Tras alcanzar el punto de cierre de la manifestación, está prevista la lectura de un manifiesto a cargo de una actriz en cuyas letras estará impresa las reticencias hacia los ajustes y recortes promovidos por el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy y que están afectando "a la inmensa mayoría de la sociedad española"
Candido Méndez: El 7 de octubre, ¡Hay que movilizarse! Nos afecta a todos
El 7 de octubre tenemos que manifestarnos para decir al Gobierno que ¡basta ya! de una política económica que sólo entiende de recortes de derechos sociales y laborales y que conlleva más recesión y más desempleo. Una política errónea e injusta, plasmada en los Presupuestos Generales del Estado 2013, que carga contra la gran mayoría social y no reparte los sacrificios, que inyecta dinero público a la banca, mientras recorta el sector público, las prestaciones por desempleo, la educación, la sanidad, la dependencia y la inversión. Una política que no entiende de estímulos, ni de un reparto equitativo de la carga fiscal, haciendo recaer la mayor parte del esfuerzo en las familias, que apenas pueden llegar a fin de mes. Una política que, como primera medida, impuso una reforma laboral que facilita el despido, desactiva la negociación colectiva y deja a los trabajadores a merced del poder empresarial.
El 7 de octubre tenemos que movilizarnos para exigir al Gobierno que informe a la sociedad sobre lo que está negociando con la Unión Europea, las nuevas condiciones de austeridad y ajuste que se traducirán en más recortes sociales. Aunque todos los analistas nacionales e internacionales hablan de un rescate a España, el Gobierno sigue en el juego de las ambigüedades. Da la sensación de que prima la baza electoral y espera a que pasen las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco para informar sobre cuestiones que afectan directamente a la sociedad. La falta de información del Ejecutivo se visualiza con la ausencia constante del Presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados.
El ciudadano tiene derecho a saber qué nuevos recortes se les va a imponer, los pensionistas tienen derecho a conocer la verdad y saber que detrás del anuncio de la subida del 1% en sus pensiones en 2013, está otra noticia: que van a perder poder adquisitivo y que sus pensiones no se van a revalorizar según el coste de la vida.
El Gobierno hurta el derecho a la información y deja en papel mojado su supuesto compromiso de transparencia. Elude los consensos y adopta decisiones que luego justificará con afirmaciones repetitivas: “Esto es lo que conviene a España y esto es lo que estoy obligado a hacer aunque no me guste”. Nos tutela como si fuéramos menores y utiliza una mayoría absoluta que conquistó con un programa electoral que decía justo lo contrario de lo que está haciendo. Por eso, desde la Cumbre Social le instamos a que convoque un referéndum en el que los ciudadanos puedan expresar con claridad qué piensan de estas políticas de recorte que, por supuesto, no figuraban en su programa electoral.
El 7 de octubre tenemos que movilizarnos frente a los intentos del presidente del Gobierno y su equipo de criminalizar a los que expresamos ese descontento en la calle. Y desde luego, no compartimos la lectura sesgada de Rajoy de que el que no asiste a la movilización da el beneplácito a las actuaciones del Ejecutivo. El impacto de los recortes es algo que nos afecta a todos y tratar de identificar manifestación con disturbios o pretender “modular” este derecho tiene visos más propios de regímenes autoritarios que democráticos. Por otro lado, distraer la atención con noticias continuas sobre posibles incidentes no oculta la realidad: la gente sale a la calle porque está harta de largos años de austeridad que ahondan en la crisis, acrecienta el empobrecimiento de las poblaciones y la desigualdad social
Por eso, el 7 de octubre tenemos que movilizarnos y por eso, porque las políticas de recorte afectan no solo España, sino a todos los ciudadanos europeos, especialmente los de los países del sur, tenemos que unir nuestras voces para defender una Europa donde no se devalúe lo social.
Fuente: www.nuevatribuna.es
 

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