specie.
El permiso fue rubricado hace unos días y ya se han realizado varios
controles, hasta el momento sin resultados. El objetivo de los
dirigentes del Parque es eliminar dos lobos en la zona asturiana, que se
unirían al abatido el pasado 28 de septiembre en el monte Redimuña y a
otros dos que cayeron a tiros en una misma actuación en el área cántabra
del Parque.
Los dirigentes asturianos del espacio protegido habían resuelto realizar controles de población del lobo el 1 de agosto. El recurso de alzada presentado por varios grupos ecologistas por la supuesta ilegalidad de la resolución, que no fue contestado en tiempo y forma, llevó a los mandatarios del Parque a dictar la suspensión de los controles el 2 de octubre. Los ecologistas, en contra del criterio oficial, mantienen que el control realizado el 28 de septiembre, en el que fue eliminada a tiros una loba, fue ilegal, ya que por silencio administrativo la resolución que posibilitaba los controles había quedado suspendida previamente. Este conflicto se resolverá en los tribunales de justicia.
La loba muerta el 28 de septiembre en Redimuña pesaba 29 kilogramos, tenía entre dos y tres años de edad, y nunca había parido. El ejemplar fue abatido mediante un aguardo realizado por la guardería del parque nacional.
Los ecologistas defienden que los controles realizados en el parque nacional carecen de cobertura legal, ya que el espacio protegido carece del plan rector de uso y gestión (PRUG) que exige la ley de Declaración del Parque, aprobada en 1995. Asimismo, alegan que la resolución que permitió los controles se adoptó sin justificar que la población de lobos haya aumentado en la zona protegida y su entorno, y que su incidencia sobre la cabaña ganadera es limitada. Los conservacionistas añaden que los controles no respetan la zonificación del espacio protegido y otros criterios de conservación, y que no se ha dado publicidad a la resolución, como exige la legislación vigente.
Pero los ecologistas van más allá y denuncian una supuesta «desviación de poder» y que la resolución es nula de pleno derecho, entre otras causas por permitir controles de población en época de cría y fuera del programa anual de actuaciones del plan de gestión del lobo, y porque carece de motivación y no especifica ni sus límites temporales ni las soluciones alternativas adoptadas, dado que las batidas son actuaciones excepcionales que sólo deben ser aplicadas si fracasan las demás actuaciones realizadas.
El codirector asturiano del parque nacional y director principal durante este ejercicio, Rodrigo Suárez Robledano, ha respondido una por una a todas las denuncias de los colectivos ecologistas en su escrito de respuesta al recurso de alzada. Así, asegura que los controles poblacionales del lobo forman parte de las «decisiones ordinarias de gestión», y los equipara a otras «actuaciones de mera gestión», como las «reparaciones de viviendas o cabañas», el «aprovechamiento de maderas o leñas para uso propio», la «limpieza de calles de líneas eléctricas aéreas» o la «limpieza de márgenes de carreteras». Por este mismo motivo, según explicó el director, el patronato del Parque no fue informado previamente de los controles del lobo.
Suárez Robledano afirma que la población de lobo ha aumentado en el Parque, lo mismo que los daños provocados por esta especie en las cabañas ganaderas. De hecho, el codirector habla de un «incremento continuado y patente de la especie en todos y cada uno de sus territorios en el parque nacional». Añade que se ha constatado el asentamiento de un nuevo grupo familiar, el sexto en el espacio protegido, con territorios de campeo en Amieva y Oseja de Sajambre. Y subraya que se ha constatado que los seis grupos familiares del Parque han criado este año.
Respecto a la pretendida ausencia de daños, Suárez Robledano aporta datos distintos a los que aparecen en la memoria de 2011 del parque nacional, que indica que las bajas entre el ganado doméstico el año pasado fueron 98, de las cuales 47 eran ovejas. El director del Parque explica esta disparidad de cifras con el argumento de que los daños existentes «no se borran con la finalización del año natural», por lo que «el número de cabezas de ganado finalmente certificado por la guardería del parque nacional como muerto a causa de ataques de lobo se elevó a 115 animales, más 30 dudosos». Más aún: el 31 de agosto de este año ya había 62 informes de verificación de daños, con 91 animales muertos, 80 de ellos seguros por ataques de lobos y 20 de ellos crías de vacuno, «con mayor valor real y potencial que el ganado menor», añade.
Según Suárez Robledano, la resolución que autorizó los controles sí respeta la zonificación del Parque, puesto que se han excluido las zonas de reserva (las de mayor valor y fragilidad medioambiental), así como las zonas de asentamientos tradicionales (pueblos) y las zonas de uso especial. Añade el director del Parque que la resolución se dictó el 1 de agosto, una vez pasado el período de cría de las principales especies que podrían verse afectadas por las «limitadas molestias» de los controles, como el urogallo o el águila real.
Suárez Robledano aclara que sí se intentaron actuaciones alternativas previas a los controles: «Se intentó el control en vida mediante la retirada de camadas». El problema fue que no se halló un destino para los animales que se iban a extraer. En cinco de los seis destinos consultados había lobas preñadas, mientras que en el sexto se opuso la administración gestora, que debía autorizar el traslado. También se intentó, según el director, una actuación «internacional, que tampoco resultó fructífera».
El máximo mandatario del parque nacional aseguró, asimismo, que sí se hizo publicidad de la resolución y que también se especificó el objetivo de las batidas: «Disminuir la densidad poblacional» del lobo» y evitar su «expansión territorial a zonas aledañas», como la sierra del Cuera.
http://www.lne.es/oriente/
Los dirigentes asturianos del espacio protegido habían resuelto realizar controles de población del lobo el 1 de agosto. El recurso de alzada presentado por varios grupos ecologistas por la supuesta ilegalidad de la resolución, que no fue contestado en tiempo y forma, llevó a los mandatarios del Parque a dictar la suspensión de los controles el 2 de octubre. Los ecologistas, en contra del criterio oficial, mantienen que el control realizado el 28 de septiembre, en el que fue eliminada a tiros una loba, fue ilegal, ya que por silencio administrativo la resolución que posibilitaba los controles había quedado suspendida previamente. Este conflicto se resolverá en los tribunales de justicia.
La loba muerta el 28 de septiembre en Redimuña pesaba 29 kilogramos, tenía entre dos y tres años de edad, y nunca había parido. El ejemplar fue abatido mediante un aguardo realizado por la guardería del parque nacional.
Los ecologistas defienden que los controles realizados en el parque nacional carecen de cobertura legal, ya que el espacio protegido carece del plan rector de uso y gestión (PRUG) que exige la ley de Declaración del Parque, aprobada en 1995. Asimismo, alegan que la resolución que permitió los controles se adoptó sin justificar que la población de lobos haya aumentado en la zona protegida y su entorno, y que su incidencia sobre la cabaña ganadera es limitada. Los conservacionistas añaden que los controles no respetan la zonificación del espacio protegido y otros criterios de conservación, y que no se ha dado publicidad a la resolución, como exige la legislación vigente.
Pero los ecologistas van más allá y denuncian una supuesta «desviación de poder» y que la resolución es nula de pleno derecho, entre otras causas por permitir controles de población en época de cría y fuera del programa anual de actuaciones del plan de gestión del lobo, y porque carece de motivación y no especifica ni sus límites temporales ni las soluciones alternativas adoptadas, dado que las batidas son actuaciones excepcionales que sólo deben ser aplicadas si fracasan las demás actuaciones realizadas.
El codirector asturiano del parque nacional y director principal durante este ejercicio, Rodrigo Suárez Robledano, ha respondido una por una a todas las denuncias de los colectivos ecologistas en su escrito de respuesta al recurso de alzada. Así, asegura que los controles poblacionales del lobo forman parte de las «decisiones ordinarias de gestión», y los equipara a otras «actuaciones de mera gestión», como las «reparaciones de viviendas o cabañas», el «aprovechamiento de maderas o leñas para uso propio», la «limpieza de calles de líneas eléctricas aéreas» o la «limpieza de márgenes de carreteras». Por este mismo motivo, según explicó el director, el patronato del Parque no fue informado previamente de los controles del lobo.
Suárez Robledano afirma que la población de lobo ha aumentado en el Parque, lo mismo que los daños provocados por esta especie en las cabañas ganaderas. De hecho, el codirector habla de un «incremento continuado y patente de la especie en todos y cada uno de sus territorios en el parque nacional». Añade que se ha constatado el asentamiento de un nuevo grupo familiar, el sexto en el espacio protegido, con territorios de campeo en Amieva y Oseja de Sajambre. Y subraya que se ha constatado que los seis grupos familiares del Parque han criado este año.
Respecto a la pretendida ausencia de daños, Suárez Robledano aporta datos distintos a los que aparecen en la memoria de 2011 del parque nacional, que indica que las bajas entre el ganado doméstico el año pasado fueron 98, de las cuales 47 eran ovejas. El director del Parque explica esta disparidad de cifras con el argumento de que los daños existentes «no se borran con la finalización del año natural», por lo que «el número de cabezas de ganado finalmente certificado por la guardería del parque nacional como muerto a causa de ataques de lobo se elevó a 115 animales, más 30 dudosos». Más aún: el 31 de agosto de este año ya había 62 informes de verificación de daños, con 91 animales muertos, 80 de ellos seguros por ataques de lobos y 20 de ellos crías de vacuno, «con mayor valor real y potencial que el ganado menor», añade.
Según Suárez Robledano, la resolución que autorizó los controles sí respeta la zonificación del Parque, puesto que se han excluido las zonas de reserva (las de mayor valor y fragilidad medioambiental), así como las zonas de asentamientos tradicionales (pueblos) y las zonas de uso especial. Añade el director del Parque que la resolución se dictó el 1 de agosto, una vez pasado el período de cría de las principales especies que podrían verse afectadas por las «limitadas molestias» de los controles, como el urogallo o el águila real.
Suárez Robledano aclara que sí se intentaron actuaciones alternativas previas a los controles: «Se intentó el control en vida mediante la retirada de camadas». El problema fue que no se halló un destino para los animales que se iban a extraer. En cinco de los seis destinos consultados había lobas preñadas, mientras que en el sexto se opuso la administración gestora, que debía autorizar el traslado. También se intentó, según el director, una actuación «internacional, que tampoco resultó fructífera».
El máximo mandatario del parque nacional aseguró, asimismo, que sí se hizo publicidad de la resolución y que también se especificó el objetivo de las batidas: «Disminuir la densidad poblacional» del lobo» y evitar su «expansión territorial a zonas aledañas», como la sierra del Cuera.
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