El citado informe remitido al Congreso, al que ha tenido acceso El Confidencial, es muy crítico con la gestión de Bibiana Aído en la política de contratación de obras, gestión de servicios y suministros llevada a cabo por el Ministerio de Igualdad y, precisamente, por no dar ejemplo en la promoción de la mujer, un principio que sí quería imponer en el resto del Gobierno, e incluso en el sector privado. El Tribunal de Cuentas audita 5 de los contratos adjudicados por el Departamento, que sumaron un gasto de 3,6 millones de euros. Cuatro corresponden a la Subsecretaría y uno a la Secretaría de Estado.
En el análisis de los pliegos de las cláusulas administrativas particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas, el órgano fiscalizador destaca que el departamento de Aído se había saltado las previsiones contenidas en la ley de igualdad efectiva de hombres y mujeres aprobada en 2007, uno de los hitos del Gobierno de Zapatero en su primera legislatura. “Durante el ejercicio de 2009 –dice el tribunal- no estableció en la contratación fiscalizada condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo”.
El informe se extiende en ese punto y detalla que el Ministerio “tampoco estableció la preferencia, en caso de igualdad en los restantes criterios, en la adjudicación de los contratos respecto de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad”. Ambas posibilidades figuran previstas, con carácter potestativo para el organismo que se trate, en la citada ley de igualdad.
El órgano fiscalizador sólo ha encontrado un contrato en el que el departamento de Aído se aplicara su propia doctrina y las facultades de la ley correspondiente: el del servicio de limpieza del Ministerio. La cláusula fijaba que el contratista quedaba obligado “a contar como mínimo con un 50 por ciento de mujeres entre el personal que vaya a ejecutar el contrato, sin que afecte a los trabajadores que ya pertenezcan a la empresa”.
El tribunal considera que en ese caso “la condición del pliego resultó innecesaria e inadecuada al tratarse de un sector de la citada actividad empresarial, como es el de la limpieza, en el que las mujeres no están subrepresentadas, sino más bien al contrario”. Y remacha: “resulta llamativo que, sin embargo, en otros ámbitos de actividad en los que las mujeres sí están subrepresentadas no se hayan incluido en los pliegos de los contratos este tipo de condiciones sociales de ejecución”.
Bibiana Aído fue primero secretaria de Estado de Igualdad (2008-2010) y después ministra con la elevación a ese rango del departamento, una decisión de Zapatero para culminar su apuesta por el feminismo como símbolo de su Gobierno. Con la crisis, en octubre de 2010, el entonces presidente del Gobierno volvió a rebajar la categoría institucional de la igualdad y dejó de nuevo a Aído como secretaria de Estado. Antes de perder las elecciones, en noviembre de 2011, el Ejecutivo socialista la colocó como asesora especial de la directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para la Mujer, organismo ‘regado’ por Zapatero con el compromiso de que el Gobierno español aportaría 200 millones hasta 2012.
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