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Fraude masivo en las ayudas de la UE al empleo gestionadas por la Junta andaluza
Se pagaba a empresas por contratar trabajadores que eran despedidos nada más cobrar la subvención
Día 04/03/2011
La Guardia Civil, a instancias y con el impulso del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, investiga lo que podría ser
un fraude masivo en la concesión de las ayudas de la Unión Europea (UE)
al empleo en Andalucía, que eran gestionadas por la Junta. Las pesquisas
están de momento en su primera fase, pero según fuentes de la máxima
solvencia consultadas por ABC hay «gran preocupación» porque de lo
actuado parece deducirse que nos encontramos ante un «escándalo incluso
de mayores proporciones que todos los conocidos hasta ahora en esta
Comunidad, incluidos el de Mercasevilla o los ERE fraudulentos». El
nuevo episodio se produce a pocos meses de las elecciones del 22-M.
Las primeras pistas sobre este nuevo escándalo se tuvieron
hace meses, cuando se investigaban en Cádiz presuntas irregularidades
cometidas por sindicatos al gestionar cursos de formación a trabajadores
que estaban subvencionados por la UE. Esas pesquisas revelaron que en
no pocas ocasiones las centrales sindicales cobraban pero no impartían
los cursos comprometidos, aunque sí expedían los correspondientes
diplomas a los interesados.
En este contexto se detectaron indicios de que existía una
segunda modalidad de fraude con las ayudas europeas en la que los
beneficiados eran empresas de la provincia. Esas subvenciones eran
gestionadas por la Junta de Andalucía dentro de sus programas de apoyo
al empleo.
«Modus operandi»
El «modus operandi»
era bastante sencillo: una empresa se ponía en contacto con el organismo
correspondiente de la Junta y contrataba a varias personas; a cambio,
recibía la subvención que estaba estipulada. En efecto, el empresario
daba de alta a sus nuevos trabajadores en la Seguridad Social pero solo
el tiempo estrictamente necesario para cobrar la ayuda. En ese momento,
despedía a los nuevos empleados y obtenía así un considerable beneficio.
Según las fuentes consultadas, la actuación de la Junta de
Andalucía era cuando menos negligente o poco rigurosa, ya que en ningún
caso cruzaba sus datos con los de la Seguridad Social, de modo que no
sabía —o no quería saber— si aquellos empleos que decía crear eran
reales o virtuales, de apenas unos días.
Conocidos estos hechos, y sobre todo ante la certeza de que
este tipo de subvenciones habían llegado no solo a Cádiz sino también
al resto de provincias de la Comunidad, la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía ordenó a los fiscales provinciales que
abrieran sendas investigaciones para determinar si en sus demarcaciones
se habían producido sucesos similares y, por tanto, nos encontrábamos
ante lo que podría ser una trama perfectamente organizada. Al frente del
conjunto de la investigación se situó a los especialistas de la Guardia
Civil.
Desde entonces, según fuentes judiciales consultadas por
ABC, ya se han detectado «paralelismos» en el resto de las provincias
andaluzas, si bien hay que insistir en que en estos momentos aún se está
en las primeras fases del trabajo. Aun así, las mismas fuentes
califican lo sucedido de «muy grave» y aunque el fraude no está
cuantificado por ahora, «es sin duda importante». Las pesquisas alcanzan
a cientos de empresas —podría superar el millar—, aunque no todas
ellas, aunque cobraron, actuaron de forma fraudulenta.
Es llamativo el hecho de que ninguna de las irregularidades
detectadas haya sido denunciada por trabajadores que se quedaban en el
paro muy poco tiempo después de ser contratados, lo que se atribuye a
que se trataba de personas «con poca preparación» o a que de alguna
forma, por el motivo que fuera, consintieron los hechos.
Entre los interrogantes que están abiertos y en los que se
centra la investigación está la posibilidad de que haya existido
intermediarios entre las empresas que se beneficiaban de las
subvenciones y la Junta de Andalucía, que gestionaba los fondos de la
Unión Europea. Las características del caso apuntan a ello y, de hecho,
ahora se analiza con lupa a los beneficiarios y sus conexiones. Eso sí;
al menos hay una preocupante negligencia por parte del gobierno andaluz
por no cruzar sus datos con los de la Seguridad Social, como hace ahora
por él la Guardia Civil.
Las claves del nuevo escándalo
Gobierno andaluz
Según las investigaciones, al menos ha existido una
actuación negligente por parte de la Junta de Andaucía y las pesquisas
en marcha no descartan actuaciones delictivas
Investigaciones
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía impulsa las
investigaciones, de las que se ha hecho cargo la Guardia Civil y que
afectan a todas las provincias de la Comunidad
Origen del caso
Las primeras pistas se detectaron en Cádiz cuando se
hacían gestiones sobre otro fraude en cursos de formación que debían
impartir los sindicatos y que estaban pagados por la UE
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