Amnistía "suspende" a España en la investigación de delitos de tortura

Foto: AMNISTÍA INTERNACIONAL

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Amnistía Internacional da un "suspenso" a España en investigación de casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas policiales, en línea con las tres decisiones de órganos superiores que este verano han condenado al Estado por "no investigar suficientemente" este tipo de delitos, y exige al Gobierno que adopte las medidas necesarias.

   En un comunicado, Amnistía explica que si bien la tortura no es una práctica sistemática en España, "no son incidentes aislados, sino ejemplos de defectos estructurales que afectan a todos los aspectos de la prevención, la investigación y el castigo de estos actos", como indican las tres sentencias de órganos superiores que este verano han condenado al Estado por casos de este tipo.
   En este sentido, recuerda la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que el pasado 26 de julio condenó a España en el llamado caso Beauty Solomon, el de una nigeriana con residencia legal en el país que hace siete años "fue agredida física y verbalmente" por agentes de la Policía Nacional de Palma de Mallorca.
   El TEDH "ha reconocido que España vulneró el derecho de Solomon a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, puesto que no se investigó si existieron ni si la actuación policial obecedía a una motivación discriminatoria", conforme explica Amnistía, para incidir en que por primera vez Estrasburgo condena a un Estado teniendo en consideración la vulnerabilidad de la víctima, a quien debe indemnizar con 30.000 euros.
   "Hechos como estos demuestran que cuando en España surge un caso de presuntos malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el proceso suele ser siempre el mismo: investigación interna de lo sucedido inexistente o inadecuada y archivo rápido de toda denuncia judicial por falta de pruebas, incluso si hay datos médicos y otros indicios creíbles que la respaldan", denuncia la organización.
   Por ello, considera que el Gobierno debe crear un "mecanismo independiente y dotado de recursos para investigar las denunicas de violaciones gravez de derechos humanos, incluídos los malos tratos y la tortura" y transmitir a los funcionarios encargados de cumplir la ley "el mensaje claro de que el maltrato a los detenidos está absolutamente prohibido en cualquier circunstancia y si se produce, será objeto de investigación y sanción".