¿Un sueldo anual de 205.000 euros brutos es excesivo o se queda corto? Depende. Si el año anterior esa cantidad ascendía a 223.000 euros, y el anterior a 240.000, quizá sepa a poco.
Pero si la beneficiaria de esos emolumentos es una política distinguida por su defensa de los ajustes presupuestarios que, entre otros logros, han dejado sin salario a sus compañeros de asamblea y han enviado al paro a 15.000 funcionarios interinos para ahorrar, la pregunta suena a broma pesada.
En esta contradicción ha quedado encerrada esta semana la imagen pública de María Dolores de Cospedal, presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, al difundirse su declaración de bienes del 2011 y quedar en evidencia que la presidenta autonómica que aplica con más decisión la tijera en el gasto público es, al tiempo, una de las políticas con mejor sueldo de España.
En elPeriódico.com. El País digital, por su parte, publica la siguiente información:
Los jefes de gabinete de la Junta de Castilla-La Mancha cobrarán un promedio de 4.000 euros más al año, según el PSOE. El Gobierno que preside María Dolores de Cospedal, del PP, aprobó el viernes un incremento de nivel (de 28 a 30) de la segunda línea de seis consejerías, que reportará un pellizco extra en la nómina de este puesto con categoría de asesor de entre 100 y 300 euros mensuales, según fuentes socialistas.
El PSOE asegura que la subida salarial “contradice” el discurso de austeridad abanderado por la secretaria general del PP, que en 2010 declaró unos ingresos de 223.000 euros. Cada jefe gabinete de la Junta de Castilla-La Mancha recibe catorce pagas anuales de 3.130 euros netos.
La Junta de Castilla-La Mancha quita hierro a la polémica. Sostiene que se trata de una “minucia” y recuerda iniciativas“ como la supresión "de 10 asesores del área de Presidencia, según defienden desde este departamento. El popular Leandro Esteban, consejero de Empleo y portavoz del Gobierno regional, cifró recientemente en 30 millones el ahorro que reportará a las arcas regionales la eliminación del Consejo Económico y Social o el Defensor del Pueblo.
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