Las 80 familias (entre ellas sólo algunas empresas) que acumulan más tierras cultivables en Andalucía percibieron en 2013 casi 100 millones de euros en concepto de ayudas europeas directas de la Política Agraria Común (PAC), sólo por ser propietarias (a los que hay que sumar otras ayudas de la PAC, a las que muchas de ellas pueden optar), según se desprende de un informe elaborado por el Sindicato de Obreros del Campo y el Sindicato Andaluz de Trabajadores.
El grupo de ayudas directas de la PAC al que se acogen estos propietarios se destina a bonificar a los propietarios de tierras cultivables sin exigir a los terratenientes contrapartidas ni de producción ni de generación de empleo.
Sólo diez empresas o instituciones figuran en el listado de honor de cobro de ayudas por posesión de tierras, entre ellas destacan la propia Junta de Andalucía, o el Ministerio de Defensa, lo que prueba, en este último caso, las facilidades que tiene cualquier propietario para percibir las ayudas, dado que Defensa no tiene acreditada una larga experiencia como productor agrario.
La primera empresa que aparece en el listado es el grupo Noriega, famoso sobre todo por ser una de las inmobiliarias más activas antes de la crisis, pero poco asociada a actividades agrarias.
Al menos tres de los siete andaluces que figuran en la relación de personas más ricas de España en la última edición de la revista Forbes ocupan los primeros puestos del ranking de percepción de ayudas de la PAC: la Duquesa de Alba, Ramón Mora Figueroa, y Nicolás Osuna (de Inmobiliaria Osuna).
La Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Elena Víboras, asegura en entrevista con La Marea que no le gusta este sistema de reparto de ayudas, “pero soy demócrata”, afirma, “el modelo fue acordado en el seno de la UE”.
Sin embargo, la consejera andaluza defiende que el modelo se puede hacer más flexible en su aplicación nacional. “Hemos hecho una propuesta que no van a escuchar [en el Gobierno central]”, dice: “Que se descuente un 30% de las ayudas a los perceptores de más de 150.000 euros”, por un lado, y que se aumente la prestación a los 200.000 andaluces que poseen pequeñas extensiones, por el otro. Asegura que en este caso Madrid dio el visto bueno a elevar a 300 euros la cantidad mínima a percibir por los pequeños propietarios, pero que en la última conferencia sectorial, esta medida fue matizada con la exigencia de tener al menos 0,3 hectáreas de tierra.
No es un invento nuevo: Italia ya ha aprobado una penalización del 50% para los perceptores de más de 150.000 euros y del 100% (es decir, la retirada de la ayuda) para los perceptores de más de 500.000 euros. Esta medida, si se aplicase en España, dejaría fuera del reparto a las 80 familias e instituciones que más cobran sólo en Andalucía por este concepto.
Diego Cañamero, líder del SOC y del SAT, llama a este sistema de reparto de las ayudas de la PAC “el PER de los ricos”, en referencia a las prestaciones que reciben los jornaleros. Para Cañamero, el sistema de reparto de las ayudas directas de la PAC debe siempre primar “la generación de empleo, la transformación de los cultivos agrarios, el respeto al medio ambiente”, todo ello modulado de modo que lo más pequeños cobren más y no al revés. Se trata, dice, de evitar “que 11 propietarios se lleven 30 millones de euros y que el 80% de las ayudas que llegan a Andalucía se lo lleve un 20% de propietarios”, afirma.
La PAC es la mayor política de ayudas de la UE. Absorbe el 40% de todo el presupuesto de la Unión. De los 7.249 millones de euros que correspondieron a España en 2013, 2.000 millones fueron a parar a Andalucía. De esa cantidad, 1.600 millones de euros se destinan a las ayudas directas (a propietarios y empresas agrarias), que comprenden dos capítulos de ayudas: las subvenciones directas por hectáreas (es decir, sólo por tener tierras) y las ayudas al almacenamiento privado (un complejo sistema de apoya el almacenamiento de los productos para influir en su precio). Sólo unos 200 millones de euros se destinaron en 2013 a financiar ayudas para el desarrollo rural, únicas subvenciones que incentivan, entre otras políticas, la mejora de la calidad del empleo.
Dado que Andalucía es una comunidad con muchas propiedades agrarias extensivas, las ayudas de la PAC por este concepto se han convertido de hecho en un canal de financiación de la ausencia de actividad en el campo.
Las ayudas permiten a muchos propietarios optar por mantener las tierras sin cultivar, lo que supone dejar sin trabajo a muchos jornaleros, ya que esos 80 propietarios concentran en sus manos la propiedad de casi un cuarto de millón de hectáreas, una gran parte de la superficie cultivable de Andalucía. La única contrapartida que la UE pide a estos propietarios es la observancia de ciertas compensaciones medioambientales, que en la práctica se traducen en mantener limpios de matorrales los campos para evitar incendios.
No obstante, no todas las familias, instituciones y empresas que aparecen en este capítulo de las ayudas agrarias europeas rehúsan la explotación directa. En el ranking general de perceptores (que incluye otras ayudas en las que sí se incentivan acciones como el almacenamiento y el desarrollo local) figuran algunas de las que más tierras tienen. En este caso, por ejemplo, es la Junta de Andalucía la que lidera el listado de las más beneficiadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario