Daniel Salado 8/7/2014
Las 80 familias (entre ellas sólo
algunas empresas) que acumulan más tierras cultivables en Andalucía
percibieron en 2013 casi 100 millones de
euros en concepto de ayudas europeas directas de la Política Agraria
Común (PAC), sólo por ser propietarias (a los que hay que sumar otras
ayudas de la PAC, a las que muchas de ellas pueden optar), según se
desprende de un informe elaborado por el Sindicato de Obreros del Campo y
el Sindicato Andaluz de Trabajadores.
El grupo de ayudas
directas de la PAC al que se acogen estos propietarios se destina a
bonificar a los propietarios de tierras cultivables sin exigir a los
terratenientes contrapartidas ni de producción ni de generación de
empleo.
Los efectos de este sistema de ayudas en Andalucía se
evidencian en el hecho de que 70 de los 80 propietarios que más cobran
son familias. La familia Mora-Figueroa, fundadora de Rendelsur, la
compañía embotelladora y distribuidora de Coca-Cola en Andalucía,
encabeza el ranking de cobro de estas ayudas, con más de 6 millones de
euros en 2013. De esos 70 apellidos familiares, al menos 13 ostentan
títulos nobiliarios. Le corresponde a la Duquesa de Alba el primer
puesto entre la aristocracia, y el quinto del ranking general en este
apartado de las ayudas.
Sólo diez empresas o instituciones
figuran en el listado de honor de cobro de ayudas por posesión de
tierras, entre ellas destacan la propia Junta de Andalucía, o el
Ministerio de Defensa, lo que prueba, en este último caso, las
facilidades que tiene cualquier propietario para percibir las ayudas,
dado que Defensa no tiene acreditada una larga experiencia como
productor agrario.
La primera empresa que aparece en el listado
es el grupo Noriega, famoso sobre todo por ser una de las inmobiliarias
más activas antes de la crisis, pero poco asociada a actividades
agrarias.
Al menos tres de los siete andaluces que figuran en
la relación de personas más ricas de España en la última edición de la
revista Forbes ocupan los primeros puestos del ranking de percepción de
ayudas de la PAC: la Duquesa de Alba, Ramón Mora Figueroa, y Nicolás
Osuna (de Inmobiliaria Osuna).
La Consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Elena Víboras,
asegura en entrevista con La Marea que no le gusta este sistema de
reparto de ayudas, “pero soy demócrata”, afirma, “el modelo fue acordado
en el seno de la UE”.
Sin embargo, la consejera andaluza
defiende que el modelo se puede hacer más flexible en su aplicación
nacional. “Hemos hecho una propuesta que no van a escuchar [en el
Gobierno central]”, dice: “Que se descuente un 30% de las ayudas a los
perceptores de más de 150.000 euros”, por un lado, y que se aumente la
prestación a los 200.000 andaluces que poseen pequeñas extensiones, por
el otro. Asegura que en este caso Madrid dio el visto bueno a elevar a
300 euros la cantidad mínima a percibir por los pequeños propietarios,
pero que en la última conferencia sectorial, esta medida fue matizada
con la exigencia de tener al menos 0,3 hectáreas de tierra.
No
es un invento nuevo: Italia ya ha aprobado una penalización del 50% para
los perceptores de más de 150.000 euros y del 100% (es decir, la
retirada de la ayuda) para los perceptores de más de 500.000 euros. Esta
medida, si se aplicase en España, dejaría fuera del reparto a las 80
familias e instituciones que más cobran sólo en Andalucía por este
concepto.
Diego Cañamero, líder del SOC y del SAT, llama a este
sistema de reparto de las ayudas de la PAC “el PER de los ricos”, en
referencia a las prestaciones que reciben los jornaleros. Para Cañamero,
el sistema de reparto de las ayudas directas de la PAC debe siempre
primar “la generación de empleo, la transformación de los cultivos
agrarios, el respeto al medio ambiente”, todo ello modulado de modo que
lo más pequeños cobren más y no al revés. Se trata, dice, de evitar “que
11 propietarios se lleven 30 millones de euros y que el 80% de las
ayudas que llegan a Andalucía se lo lleve un 20% de propietarios”,
afirma.
La PAC es la mayor política de ayudas de la UE. Absorbe
el 40% de todo el presupuesto de la Unión. De los 7.249 millones de
euros que correspondieron a España en 2013, 2.000 millones fueron a
parar a Andalucía. De esa cantidad, 1.600 millones de euros se destinan a
las ayudas directas (a propietarios y empresas agrarias), que
comprenden dos capítulos de ayudas: las subvenciones directas por
hectáreas (es decir, sólo por tener tierras) y las ayudas al
almacenamiento privado (un complejo sistema de apoya el almacenamiento
de los productos para influir en su precio). Sólo unos 200 millones de
euros se destinaron en 2013 a financiar ayudas para el desarrollo rural,
únicas subvenciones que incentivan, entre otras políticas, la mejora de
la calidad del empleo.
Dado que Andalucía es una comunidad con
muchas propiedades agrarias extensivas, las ayudas de la PAC por este
concepto se han convertido de hecho en un canal de financiación de la
ausencia de actividad en el campo.
Las ayudas permiten a muchos
propietarios optar por mantener las tierras sin cultivar, lo que supone
dejar sin trabajo a muchos jornaleros, ya que esos 80 propietarios
concentran en sus manos la propiedad de casi un cuarto de millón de
hectáreas, una gran parte de la superficie cultivable de Andalucía. La
única contrapartida que la UE pide a estos propietarios es la
observancia de ciertas compensaciones medioambientales, que en la
práctica se traducen en mantener limpios de matorrales los campos para
evitar incendios.
No obstante, no todas las familias,
instituciones y empresas que aparecen en este capítulo de las ayudas
agrarias europeas rehúsan la explotación directa. En el ranking general
de perceptores (que incluye otras ayudas en las que sí se incentivan
acciones como el almacenamiento y el desarrollo local) figuran algunas
de las que más tierras tienen. En este caso, por ejemplo, es la Junta de
Andalucía la que lidera el listado de las más beneficiadas.
