24 jul. 2014

La esposa de Baltar (PP) gestiona la cafetería municipal y sólo paga 0,60 euros de alquiler al año

Me podría pasar el día poniendo cosas de estas y no me daría tiempo a ponerlas ni todas, ni una décima parte. ¿No existe una casta? Pues que alguien me explique como es posible que ocurran de forma contínua y generalizada estas cosas.

 Pablo Taboada - Ourense 10/07/2014
- La hostelera recibió la concesión de otro particular sin intervenir el Ayuntamiento de Ourense.
- El BNG denuncia trato de favor a la mujer del presidente de la Diputación.

A María Caldelas, exdiputada del PP gallego y esposa del presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, el alquiler de su cafetería, un local de propiedad municipal gestionado mediante una concesión y ubicado en pleno centro de Ourense, le sale casi gratis. Paga 60 céntimos de euro al año. Y lo hace en una zona de la tercera ciudad de Galicia dónde alquileres de similares características rondan los 25.000 euros anuales. El local fue sacado a concurso por el Ayuntamiento en los sesenta y adjudicado por 50 años con un canon anual de 100 pesetas, una cantidad revisable cada cinco años que, según fuentes consultadas, nunca fue modificado a pesar de haber transcurrido casi medio siglo. De hecho, en sus presupuestos, el gobierno ourensano, en manos de los socialistas, no incluye ingreso alguno proveniente de este canon.

El pasado marzo, tras una reforma y sin haber vencido la concesión, el local pasó a estar gestionado por Jardín Japonés, SL, una sociedad creada cuatro meses antes por la esposa de Baltar y otro empresario del sector hostelero que posee más espacios de ocio en la ciudad. Hasta entonces estaba en manos de Promociones de Alojamientos Ourensanos, SA, la misma empresa que gestiona un hotel anexo a la cafetería.

Aunque en los recibos de las consumiciones figura como titular la empresa de Caldelas y no la concesionaria, al gobierno local “no le consta” solicitud alguna sobre cambio de titularidad. El PP ourensano ratifica la legalidad del traspaso porque “hay que respetar un acuerdo privado de colaboración entre empresas, que ni hay por qué hacer público ni sacar a concurso”. Jurídicos consultados matizan que, al tratarse de una concesión, la gestión debería ser sacada a concurso ya que no cabe una subrogación directa entre particulares. De hecho, el gobierno local adjudicó el pasado mayo la concesión de otra cafetería municipal en un parque alejado del centro con un canon anual de 17.400 euros.

El BNG acusa al gobierno local de hacer la vista gorda y denuncia “un clamoroso trato de favor”. Para el PSdeG, ni hay ilegalidad alguna ni trato de favor, y la única irregularidad reconocida por la Concejalía de Comercio es un exceso de ocupación de la vía pública con la terraza, una cuestión que motivó la apertura de un expediente sancionador.

La polémica derivó en la aprobación de una comisión de investigación formada por técnicos y políticos. El pleno del 6 de junio acordó esa investigación con los votos del PP, que, aunque considera las sospechas de trato de favor “producto de una fantasía”, apoya la comisión “para demostrar la mayor transparencia posible”. Casi un mes después, el Ayuntamiento convocó la primera reunión. Y en ese encuentro la concejala de Comercio reconoció que el gobierno local no encuentra algunos de los documentos del expediente administrativo de la concesión.

El local es una construcción de 186 metros cuadrados, además de terraza con una barra exterior, sofás, mesas y sillas, levantada en el centro de la capital, entre la Subdelegación del Gobierno y la Torre de Ourense, un edificio de 76 metros de altura construido hace cinco décadas por la extinta Caja de Ahorros Provincial que acoge un hotel y 18 plantas de oficinas y viviendas. Aquella adjudicación, formalizada en 1968, también obligó a construir “535 metros cuadrados de jardín público con un mínimo de cuatro bancos y la instalación de un transformador subterráneo de energía”, cuyo mantenimiento corre a cargo de la concesionaria. La obra fue ejecutada y se convirtió en una plaza ajardinada conocida como Jardín Japonés. Según la documentación de aquel concurso, el Ayuntamiento podrá “dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público mediante resarcimiento de los daños que se causaren o sin él cuando no procediese”.

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